Movilidad sostenible en la administración pública: el ejemplo empieza en casa
La movilidad eléctrica no solo debe impulsarse desde las empresas privadas. Las administraciones públicas, especialmente las locales, están llamadas a tener un papel decisivo como motor del cambio y ejemplo de coherencia ambiental. Al operar en entornos urbanos o semiurbanos, con desplazamientos cortos y previsibles, los ayuntamientos, mancomunidades y organismos públicos se encuentran en una posición ideal para liderar la transición hacia una movilidad más limpia. Un compromiso que empieza en lo cotidiano Vehículos municipales, de mantenimiento, limpieza, jardinería o policía local circulan a diario por las calles. Sustituir progresivamente estos vehículos por modelos eléctricos o híbridos enchufables puede tener un impacto inmediato en la calidad del aire, el ruido y la percepción ciudadana. A diferencia de las grandes flotas empresariales, los usos municipales suelen concentrarse en recorridos cortos, con retorno diario a la base, lo que simplifica la gestión de la recarga. Además, es normal que dispongan dependencias propias donde instalar puntos de carga sin grandes complicaciones técnicas. Las zonas de bajas emisiones como oportunidad Desde 2023, las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Este marco normativo ofrece una oportunidad para que los propios ayuntamientos lideren con el ejemplo, sustituyendo sus vehículos por eléctricos y mostrando que la adaptación a la nueva movilidad es viable, eficiente y económicamente sostenible. Un parque móvil municipal electrificado envía un mensaje claro: la administración no solo regula y obliga a sus vecinos, sino que es parte activa en la transformación. Ayudas y financiación disponibles Las administraciones locales no están siendo suficientemente proactivas en la obtención de beneficios en las distintas líneas de apoyo: El Programa MOVES Flotas y el MOVES III cubren la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Los fondos europeos FEDER y Next Generation EU financian proyectos de movilidad sostenible, especialmente cuando se vinculan a mejoras de eficiencia energética o a estrategias de descarbonización local. En zonas rurales o municipios pequeños, los fondos LEADER también ofrecen oportunidades de financiación, sobre todo si la instalación de puntos de recarga beneficia al tejido social o turístico. Retos pendientes A pesar de los avances, aún persisten barreras: Tramitaciones lentas y dispersas entre departamentos municipales que permitan agiliza la implantación de cargadores en suelo público. Problemas con las distribuidoras eléctricas, que retrasan o encarecen las conexiones. Falta de personal técnico especializado para planificar la movilidad sostenible en ayuntamientos pequeños y agilizar la contratación adminsitrativa. Sin embargo, estos obstáculos pueden superarse con colaboración interadministrativa y apoyándose en las compañías operadoras y las ingeniería. Más allá de los vehículos, necesitamos un cambio cultural Implantar movilidad sostenible no se limita a cambiar vehículos. Supone también fomentar un uso racional del transporte público, la movilidad activa (a pie o en bicicleta) y la gestión eficiente de rutas y desplazamientos de personal municipal. Algunas administraciones sí están dando pasos en la buena dirección: Sustituyendo los coches de servicio por bicicletas eléctricas o vehículos compartidos. Incorporando sistemas de gestión de flotas inteligentes, que monitorizan consumos y rutas. Implementando puntos de recarga abiertos al público, fomentando la movilidad eléctrica ciudadana. Conclusión Las administraciones públicas, especialmente las locales, tienen la capacidad de liderar con el ejemplo la transición hacia una movilidad sostenible. Su proximidad al ciudadano, su influencia en el territorio y su propia flota de vehículos las convierten en agentes clave del cambio. Adoptar vehículos eléctricos y gestionar la movilidad con criterios de eficiencia no solo reduce emisiones: refuerza la credibilidad de las políticas ambientales, mejora la calidad de vida urbana y demuestra que la sostenibilidad empieza, literalmente, en casa.